Sigue Cierre Fronterizo
Después de 34 días de operación de los peajes en el Escobal y La Parada, ayer, a las 9:30 de la mañana, pobladores y gremios venezolanos cerraron la frontera por tiempo indefinido.
Un carro atravesado donde termina el puente internacional Simón Bolívar y un lazo, sirvieron para tapar el paso desde y hacia Colombia.
En Ureña, cuatro gandolas hicieron las veces de infranqueables cortinas que sellaron el tráfico de automotores y de personas. Allí la gente se montó en las barandas del puente Francisco de Paula Santander. Otras se aventuraron a cruzar el río Táchira.
“¡Pa' tras, pa' tras. Solidarícense!”, gritaron algunos mientras frenaron a quienes con rogativas e insistencia pedían que se les dejara llegar a uno y otro territorio.
Otros aprovecharon la situación para hacer la venta del día. Refrescos, dulces, helados y en suma toda una variedad de alimentos desfilaban por entre los carros que trataban de dar el giro para devolverse hacia Colombia.
Peajes desolados
Las operarias no pudieron recaudar mucho dinero en los peajes situados cerca de las salidas hacia Venezuela.
Las pancartas elaboradas para anunciar el nuevo pago, quedaron como simple anuncio, porque la parálisis inutilizó las alcabalas.
Según la nueva orden del Ministerio de Trasporte era que solo cobraran en el sentido de salida a los automóviles, vehículos de trasporte de pasajeros y de carga.
Un cierre anunciado
El lunes de la semana pasada, en la Aduana de San Antonio, representantes de los gremios rechazaron el cobro y le pedieron al gobierno de Venezuela una solución efectiva para el libre tránsito en la zona de integración fronteriza.
La respuesta de José Vielma Mora, superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) fue llevar las memorias de dicho encuentro ante la Cancillería y la Vicepresidencia de Venezuela para que cinco días después se emitiera una respuesta concreta ante la crisis de los peajes.
El tiempo acordado pasó y no hubo ninguna manifestación desde Caracas. Aunque la Aduana restringió el tránsito del carbón nortesantandereano por las vías venezolanas.
A comienzos de agosto el gobierno colombiano eliminó el pago para los carros que lleguen desde Venezuela, pero duplicó el valor de la tarifa de los que salgan por Cúcuta y Villa del Rosario.
La decisión colmó la copa. Los organizadores de la protesta tomaron ocho días para organizarse y dar una última espera a una posible negociación de alto nivel. Pero el plazo se cumplió y por ello, se hizo efectiva la hora cero.
El trancón
“Se van a trancar los puentes hasta que no se tenga una solución al conflicto. Queremos la eliminación de ese peaje que tanto daño a hecho a esta integración que siempre hemos querido y que cada vez la vemos más lejos”, dijo Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio.
Y dicho y hecho. Por ambos trayectos no hay posibilidad de pasar, sino solo a pie.
Los trasportadores y empresarios venezolanos se mostraron preocupados del impacto que representa el paro para las dos naciones, la Zona de Integración Fronteriza y la suerte de los tratados binacionales.
Pero a pesar de que el espacio en la calculadora no alcanzó para registrar tantos números concernientes a las pérdidas por echarle pasador a la puerta colombo-venezolana, la decisión fue unánime y radical.
Ejercer presión
A su voz se unió la de Alejandro García, Concejal de Ureña. “Nos pidieron una tregua de cinco días para darnos una respuesta y todavía no ha salido. Por lo tanto, vamos a ejercer la presión. Esperamos que en Bogotá y en Caracas tengan una comunicación fluida y rápida para que nos digan que los peajes se los llevaron”.
Cifras de impacto
El munícipe puso en el tablero las siguientes cifras, por la interrupción del tráfico de carbón:
“Se afectan más de 3.000 mineros. Más de 500 gandolas. Más de 150 vehículos pequeños que llevan carbón por Boca Grita y cerca de 50 volquetes que pasan el mineral hasta los centros de acopio de Ureña y los 100 camiones que trabajan con la caña de azúcar”.
Para Celestino Moreno, Presidente de Unitransfront, Unión de Trasportistas de la Frontera, “es preferible perder tres, cuatro o más días durante los que duren los puentes cerrados, que perder 19 años que es la concesión que le dieron a la gente de San Simón”.
Según Luis Carlos Gaitán, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Norte de Santander, Colombia será la más perjudicada por el cierre de la frontera.
Para mostrarlo expuso lo relacionado con la balanza comercial que en este momento en favorable al país.
-Casi el 60 por ciento de las exportaciones que se hacen provienen de territorio colombiano, frente al 40 por ciento de importaciones que llegan desde Venezuela.
Calculó que “un día de cierre vale 10 millones de dólares”. La cifra sale de dividir los 4.000 millones de dólares que suma anualmente el comercio binacional entre Venezuela y Colombia.
Alerto que aunque se solucionara el tema de los peajes, quedará pendiente el problema de la imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el tráfico de carbón de Norte de Santander por las vías venezolanas. Ese anuncio lo hizo José Vielma Mora, superintendente del Seniat.
Isabel Castillo dijo que unas 30.000 personas se mueven a diario por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander hacia sitios de trabajo en localidades venezolanas.
Dijo que no se deben olvidar los tres mil a cuatro mil que cruzan para desarrollar operaciones comerciales, aprovechando el diferencial cambiario.
¿Congelación?
Aunque la firma San Simón ganó la concesión de los peajes y su inversión será de $245.768 millones en la construcción de obras y el mantenimiento vial en la zona metropolitana de Cúcuta, el contrato todavía no está firmado.
El gobernador Luis Miguel Morelli Navia dijo que “la solución a la crisis está en manos del ministro de Trasporte Andrés Uriel Gallego”.
Para el 9 de agosto se concretó una reunión en Bogotá, a las 7:30 de la mañana.
En la mesa estarán: el embajador de Venezuela en Colombia Pavel Rondón, el ministro de Trasporte Andrés Uriel Gallego y probablemente José Vielma Mora, presidente de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos de Venezuela.
“El ministro Gallego explicará las características, las condiciones y las consecuencias que acarrearía quitar los peajes de la frontera”, detalló el gobernante departamental.
Aseguró que desde hace dos semanas el tema de los alcabalas merece atención especial.
“San Simón no ha firmado, pero la reunión no es para reversar algo. De pronto se haría la congelación del cobro por unos días”, apuntó.
Llegar a una decisión de esas dependerá del convenio entre el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y el concesionario para llegar a un acuerdo respecto al pago en las casillas.
Un carro atravesado donde termina el puente internacional Simón Bolívar y un lazo, sirvieron para tapar el paso desde y hacia Colombia.
En Ureña, cuatro gandolas hicieron las veces de infranqueables cortinas que sellaron el tráfico de automotores y de personas. Allí la gente se montó en las barandas del puente Francisco de Paula Santander. Otras se aventuraron a cruzar el río Táchira.
“¡Pa' tras, pa' tras. Solidarícense!”, gritaron algunos mientras frenaron a quienes con rogativas e insistencia pedían que se les dejara llegar a uno y otro territorio.
Otros aprovecharon la situación para hacer la venta del día. Refrescos, dulces, helados y en suma toda una variedad de alimentos desfilaban por entre los carros que trataban de dar el giro para devolverse hacia Colombia.
Peajes desolados
Las operarias no pudieron recaudar mucho dinero en los peajes situados cerca de las salidas hacia Venezuela.
Las pancartas elaboradas para anunciar el nuevo pago, quedaron como simple anuncio, porque la parálisis inutilizó las alcabalas.
Según la nueva orden del Ministerio de Trasporte era que solo cobraran en el sentido de salida a los automóviles, vehículos de trasporte de pasajeros y de carga.
Un cierre anunciado
El lunes de la semana pasada, en la Aduana de San Antonio, representantes de los gremios rechazaron el cobro y le pedieron al gobierno de Venezuela una solución efectiva para el libre tránsito en la zona de integración fronteriza.
La respuesta de José Vielma Mora, superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) fue llevar las memorias de dicho encuentro ante la Cancillería y la Vicepresidencia de Venezuela para que cinco días después se emitiera una respuesta concreta ante la crisis de los peajes.
El tiempo acordado pasó y no hubo ninguna manifestación desde Caracas. Aunque la Aduana restringió el tránsito del carbón nortesantandereano por las vías venezolanas.
A comienzos de agosto el gobierno colombiano eliminó el pago para los carros que lleguen desde Venezuela, pero duplicó el valor de la tarifa de los que salgan por Cúcuta y Villa del Rosario.
La decisión colmó la copa. Los organizadores de la protesta tomaron ocho días para organizarse y dar una última espera a una posible negociación de alto nivel. Pero el plazo se cumplió y por ello, se hizo efectiva la hora cero.
El trancón
“Se van a trancar los puentes hasta que no se tenga una solución al conflicto. Queremos la eliminación de ese peaje que tanto daño a hecho a esta integración que siempre hemos querido y que cada vez la vemos más lejos”, dijo Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio.
Y dicho y hecho. Por ambos trayectos no hay posibilidad de pasar, sino solo a pie.
Los trasportadores y empresarios venezolanos se mostraron preocupados del impacto que representa el paro para las dos naciones, la Zona de Integración Fronteriza y la suerte de los tratados binacionales.
Pero a pesar de que el espacio en la calculadora no alcanzó para registrar tantos números concernientes a las pérdidas por echarle pasador a la puerta colombo-venezolana, la decisión fue unánime y radical.
Ejercer presión
A su voz se unió la de Alejandro García, Concejal de Ureña. “Nos pidieron una tregua de cinco días para darnos una respuesta y todavía no ha salido. Por lo tanto, vamos a ejercer la presión. Esperamos que en Bogotá y en Caracas tengan una comunicación fluida y rápida para que nos digan que los peajes se los llevaron”.
Cifras de impacto
El munícipe puso en el tablero las siguientes cifras, por la interrupción del tráfico de carbón:
“Se afectan más de 3.000 mineros. Más de 500 gandolas. Más de 150 vehículos pequeños que llevan carbón por Boca Grita y cerca de 50 volquetes que pasan el mineral hasta los centros de acopio de Ureña y los 100 camiones que trabajan con la caña de azúcar”.
Para Celestino Moreno, Presidente de Unitransfront, Unión de Trasportistas de la Frontera, “es preferible perder tres, cuatro o más días durante los que duren los puentes cerrados, que perder 19 años que es la concesión que le dieron a la gente de San Simón”.
Según Luis Carlos Gaitán, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Norte de Santander, Colombia será la más perjudicada por el cierre de la frontera.
Para mostrarlo expuso lo relacionado con la balanza comercial que en este momento en favorable al país.
-Casi el 60 por ciento de las exportaciones que se hacen provienen de territorio colombiano, frente al 40 por ciento de importaciones que llegan desde Venezuela.
Calculó que “un día de cierre vale 10 millones de dólares”. La cifra sale de dividir los 4.000 millones de dólares que suma anualmente el comercio binacional entre Venezuela y Colombia.
Alerto que aunque se solucionara el tema de los peajes, quedará pendiente el problema de la imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el tráfico de carbón de Norte de Santander por las vías venezolanas. Ese anuncio lo hizo José Vielma Mora, superintendente del Seniat.
Isabel Castillo dijo que unas 30.000 personas se mueven a diario por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander hacia sitios de trabajo en localidades venezolanas.
Dijo que no se deben olvidar los tres mil a cuatro mil que cruzan para desarrollar operaciones comerciales, aprovechando el diferencial cambiario.
¿Congelación?
Aunque la firma San Simón ganó la concesión de los peajes y su inversión será de $245.768 millones en la construcción de obras y el mantenimiento vial en la zona metropolitana de Cúcuta, el contrato todavía no está firmado.
El gobernador Luis Miguel Morelli Navia dijo que “la solución a la crisis está en manos del ministro de Trasporte Andrés Uriel Gallego”.
Para el 9 de agosto se concretó una reunión en Bogotá, a las 7:30 de la mañana.
En la mesa estarán: el embajador de Venezuela en Colombia Pavel Rondón, el ministro de Trasporte Andrés Uriel Gallego y probablemente José Vielma Mora, presidente de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos de Venezuela.
“El ministro Gallego explicará las características, las condiciones y las consecuencias que acarrearía quitar los peajes de la frontera”, detalló el gobernante departamental.
Aseguró que desde hace dos semanas el tema de los alcabalas merece atención especial.
“San Simón no ha firmado, pero la reunión no es para reversar algo. De pronto se haría la congelación del cobro por unos días”, apuntó.
Llegar a una decisión de esas dependerá del convenio entre el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y el concesionario para llegar a un acuerdo respecto al pago en las casillas.
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