Síndrome de reformitis para imponer penas más drásticas

LA INCLINACIÓN a resolver los problemas con modificaciones a los Códigos Penal o de Procedimiento Penal no ha dejado de tocar a los altos funcionarios del Gobierno instalado hace sólo 38 días, como lo hizo con sus antecesores en pasadas administraciones.

Desde hace varias décadas hace carrera en Colombia la teoría de que cada vez que surge una problemática, antes que revisar el marco normativo vigente para establecer cuál mandato constitucional, ley, decreto o reglamentación puede utilizarse para enfrentarla, en lo primero que se piensa es en presentar proyectos de ley y acto legislativo para crear artículos e incisos para atacar la crisis o falencia puntual.

Según los conocedores del tema, desde 1992 han sido expedidas 1.500 leyes de este calibre. Para bien o para mal no hay una contabilidad de los proyectos sobre el particular que quedaron en el camino. Seguramente veríamos en mucho multiplicada la cifra.

En la pasada legislatura fracasó el intento del entonces senador nariñense Parmenio Cuellar, del Polo Democrático, por tramitar en el Congreso un acto legislativo para crear una política criminal estatal que sea de cumplimiento estricto, y así evitar que los gobiernos de turno gasten esfuerzos en modificar el Código Penal.

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