Contralora Sandra Morelli fue espiada por funcionarios de la entidad

El 'frente interno' amenaza con convertirse para la contralora Sandra Morelli en un problema incluso más difícil que lograr el embargo de los bienes del Grupo Nule, investigado por irregularidades en contrataciones en Bogotá y el país.

Morelli, que enfrenta una dura oposición, a partir de este viernes empezará una cirugía radical al poderoso Fondo de Bienestar Social de la Contraloría, que en 8 años ha manejado 362 mil millones de pesos y que estaba embarcado en la ampliación y reforma del colegio para los hijos de los empleados de la entidad (unos 800 estudiantes), que iba a costar cerca de 9 mil millones.

La salida forzada de la gerente, Amaida Palacios Jaimes, frenó en seco ese proyecto. Palacios, quien es esposa de Vólmar Pérez, el defensor del Pueblo, renunció después de que el pasado 22 de febrero la Junta Directiva del Fondo se reunió con el único fin de pedirle que se fuera.

Incluso, el vicecontralor, Álvaro Miguel Navas, quien presidió la sesión, le advirtió ese día que si no renunciaba la Junta decidiría su retiro del cargo.

Una auditoría extraordinaria al proyecto del colegio encontró reparos, como que no cumplía con la normatividad de sismorresistencia y lo rajó en por lo menos otra docena de puntos.

Además, después de los ajustes, de acuerdo con fuentes de la Contraloría, se determinó que los costos de la construcción no subirían de 2.500 millones de pesos.

Ahora, se evalúa cuáles de los hallazgos de esa auditoría podrían tener implicaciones penales. Mientras tanto, una de las medidas que también han tenido oposición interna, es que el control sobre el Fondo no lo haga la misma Contraloría, sino la Auditoría General.