Mineducación tiene concepto favorable de Unipamplona
Un análisis de la situación financiera, académica y administrativa de la universidad de Pamplona, realizaron ayer los miembros del Consejo Superior en cabeza del gobernador, William Villamizar Laguado; el viceministro de Educación, Gabriel Burgos Mantilla y la rectora del claustro superior, Esperanza Paredes Hernández.
Al término de la reunión celebrada en el salón Eustorgio Colmenares, el representante del Gobierno Nacional en el Consejo Superior, dio un parte de tranquilidad a la comunidad estudiantil y a la población en general por la recuperación que en materia financiera ha tenido la Universidad.
El viceministro Burgos Mantilla, indicó que el reporte entregado demuestra que las cosas van por buen camino y que se está cumpliendo de acuerdo a lo planeado con el presupuesto.
Manifestó en su corto dialogo con los medios de comunicación de la ciudad, que Planeación Nacional había autorizado a la institución educativa para convertir los créditos de corto plazo a largo plazo, lo que hace prever que los problemas económicos que presentaba en otrora se van a resolver en muy corto plazo.
Estamos cumpliendo con las metas.
La rectora de la universidad de Pamplona Esperanza Paredes Hernández, comentó que el manejo eficiente y cuidadoso que se le ha venido dando a los gastos y al presupuesto ha permitido invertir en academia, investigación y redirección de convenios.
Resaltó que en lo que va corrido del presente año se ha podido tener un avance significativo en el cumplimiento de las metas financieras y académicas, acciones estas que fueron reconocidos por el vocero del Gobierno Nacional.
Paredes Hernández, dijo que el apoyo que ha recibido el claustro superior del Gobierno Nacional por intermedio de los Ministerios de Educación, Hacienda y Crédito Público, como de la Gobernación de Norte de Santander , ha conllevado a que se incremente la base presupuestal de la Universidad en un 42 por ciento con respecto al 2008.
En la actualidad Unipamplona ha logrado cancelar un 26 por ciento de la deuda pública y un 30 por ciento de las obligaciones con los acreedores, demostrando así el esfuerzo administrativo realizado.
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