Tierra de Contrastes

Norte de Santander vive entre dos realidades: una capital pujante y prometedora para propios y extraños, y preocupantes cifras de pobreza y violencia que azotan las zonas rurales.

Las dos caras de la moneda se viven en Norte de Santander. Una región de contrastes, donde a pesar de que más del 50 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, sectores de la sociedad, gobierno departamental y la mayoría de habitantes de la capital respiran un optimismo desbordante.

Jesús Iván Yáñez, secretario de Planeación Departamental, piensa que hay razones para ser positivos. El sector minero-energético, con el carbón, el repunte del petróleo como punta de lanza, prometen ser de los de mayor crecimiento. Igualmente la agricultura, que sigue siendo el renglón que más aporta al PIB departamental (32 por ciento), y la arcilla, el sector más pujante del departamento, que produce alrededor de 3.500 empleos directos y genera cerca de 21.000 millones de pesos mensuales.

"Tenemos las mejores arcillas del mundo. La calidad de nuestros yacimientos es reconocida por expertos internacionales", afirma Jorge Luis Gutiérrez, director general del grupo empresarial Gélvez, al que pertenece la ladrillera Casablanca.

Yáñez explica que la región ha sufrido reveses como la disminución de hectáreas cultivadas de arroz, de 17.500 en 1996 a 12.000 en la actualidad, causado por el arroz de contrabando que entra por Venezuela; y que el café presenta una situación similar: 32.000 hectáreas han sido reemplazadas por otros cultivos.

Veinte años atrás, el área comercial del centro de Cúcuta era invadida a diario por centenares de venezolanos que llegaban a dejar su dinero representado en una moneda fuerte, que al cambio equivalía a 16 pesos colombianos. Si bien las condiciones económicas del vecino país cambiaron radicalmente (hoy, el bolívar se cotiza a 0,49 pesos), erradicar la dependencia de la moneda venezolana ha sido un proceso lento, difícil y largo, pero que finalmente está rindiendo frutos.

Luis Carlos Gaitán, presidente seccional de Fenalco, ve con beneplácito el empuje actual de los comerciantes nortesantandereanos que han aprendido, poco a poco, a cubrir más los mercados local y nacional que el mercado flotante procedente de Venezuela, reducido actualmente a su mínima expresión.

El dirigente explica que otro de los logros fueron los 50.000 millones de pesos que la ciudad recibió del gobierno, con los que se creó una línea de crédito blando para hacer estrategias como las ventas 24 horas y de horarios extendidos, que impulsaron con fuerza la demanda. "Con esos recursos se inició la remodelación de locales, el cambio de fachadas que ayudaron a embellecer la ciudad. Es un cambio de mentalidad". Esa transformación cultural se ve, incluso, reflejada en la aparición de los grandes centros comerciales en Cúcuta. "Esta era una ciudad acostumbrada a la informalidad, pero la gente adopta una actitud distinta en un centro comercial. Antes era impensable un local abierto a mediodía, por ejemplo", expresa Patricia Vásquez, gerente de Unicentro, inaugurado hace un par de meses.

En materias social y de orden público, sin embargo, observadores críticos de la región ven con recelo la situación actual del departamento. Atribuyen los altos niveles de pobreza y miseria a un descuido total del gobierno central y creen que el florecimiento económico de la frontera obedece a una economía paralela producto de los negocios ilícitos en poder de grupos armados ilegales y narcotraficantes.

Así lo señaló a SEMANA Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una ONG de Derechos Humanos, y observador permanente de los movimientos sociales de la región: "La Unidad de Control Financiero del Departamento Nacional de Planeación ubica a Cúcuta como una de las cinco ciudades donde se realiza el mayor número de transacciones financieras sospechosas en el país. Aquí se están desarrollando estrategias de lavado de activos de forma permanente".

Cañizares insiste en que el gobierno nacional tiene con Norte de Santander una deuda social por pagar muy grande. "Han sido años y años de abandono institucional. Hoy día, en casi el 40 por cierto del departamento, el Estado no tiene legitimidad ante las comunidades. La única presencia estatal que conocen es la Fuerza Pública. Estamos manejando una tasa de homicidios alarmantes de 850 personas asesinadas al año. El 80 por ciento de estos asesinatos fue con arma de fuego y perpetrados por desconocidos, según la autoridad, y las cifras de desplazados han ido subiendo año tras año".

Según la Secretaría de Gobierno, los avances sociales en esta materia por parte del gobierno regional se han visto consolidados en el Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada, con las secretarías técnicas de salud y seguridad alimentaria, educación, tierras y derechos humanos, que se han puesto al servicio de los desplazados que se acercan a las oficinas de Acción Social en el departamento.

Para Cañizares, estas son acciones importantes, sin lugar a dudas, pero no contribuyen con el suficiente impacto a la solución de los crecientes problemas de pobreza y de orden público que se presentan en la región: "Nosotros tenemos una serie de problemas endémicos, problemas estructurales y de desarrollo que hemos estado arrastrando durante décadas, sin que, hasta el momento, ningún gobierno les haya dado solución certera".

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