Congreso dividido frente a ampliación de Justicia y Paz

EL GOBIERNO tendrá que emplearse a fondo para explicar los motivos que tiene para solicitar al Congreso la ampliación de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz, sobre la cual se edificó el proceso de desmovilización de la mayoría de los grupos paramilitares.

De no ser así, difícilmente la iniciativa avanzaría en Comisión Primera de Cámara y en la plenaria del Senado, en donde en este momento hace estación en su trámite legislativo.

El Gobierno es consciente que es necesario dar un empujón para que la iniciativa salga de su estado de somnolencia. Muestra de ello es que el pasado martes, el alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, en compañía del presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, hicieron una petición formal a todos los congresistas para que de manera urgente aprueben este proyecto que pretende resolver el limbo jurídico en el que se encuentran cerca de 25 mil intrigantes de los grupos paramilitares que se desmovilizaron después del 25 de julio de 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, y que por ende no se hacen acreedores a los beneficios de esta normativa.

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