Puentes fronterizos en Cúcuta, vulnerables a todo y a todos

Ni el gobierno de Colombia ni el de Venezuela están a salvo de protestas en las vías que comunican a ambos países. Se las toman para exigirles desde el levantamiento de peajes hasta agua potable.

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El ejemplo de cerrar la frontera lo dio el gobierno de Venezuela cada vez que tuvo conflictos políticos con Colombia.Pero, ahora, esa acción se volvió costumbre de transportadores, 'pimpineros', comerciantes, contrabandistas, mototaxistas y habitantes de barrios y urbanizaciones de lado y lado de la frontera cada vez que desean hacer cumplir sus derechos o que quieren hacer alguna exigencia.

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Los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que comunican a Norte de Santander con el estado Táchira, ahora son quizá más importantes por los bloqueos que por lo que significan en la unión de dos países vecinos que tienen la frontera más dinámica de Latinoamérica.

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Desde septiembre del año pasado, cuando fueron cerrados a raíz de la instalación de los peajes fronterizos por el Gobierno de Colombia, esos pasos limítrofes quedaron a merced de quien desee 'armar' un alboroto para ser escuchado y buscar la solución fija a cualquier problema de un gremio o comunidad.

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La semana pasada hubo cuatro cierres temporales en los dos viaductos, que paralizaron por completo el tránsito vehicular hasta por seis horas diarias.El último y más recordado fue promovido por los consejos comunales de San Antonio del Táchira, que taponaron el puente Simón Bolívar para protestar por una decisión judicial que tomó una jueza, quien dejó escapar a varias personas que fueron sorprendidas en flagrancia intentando sacar alimentos de contrabando hacía Colombia.

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La reacción sirvió para que la enardecida comunidad encontrara eco en la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura venezolana, que hicieron investigaciones y destituyeron a la jueza que tomó la decisión.

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Previamente, los mototaxistas de ambos países habían cerrado los dos puentes, en días distintos, para rechazar los presuntos atropellos de la Guardia Nacional de Venezuela contra quienes no portaban documentos al día.

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La toma pacífica obligó a la autoridad del Táchira a buscar un acuerdo y al desbloqueo del viaducto. También lo hicieron los habitantes de la urbanización Colinas de Vista Hermosa, de Villa del Rosario (Norte de Santander), que taponaron la vía para exigir un mejor servicio de agua en sus casas.

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La protesta sirvió porque la alcaldesa Emperatriz Misse les puso el servicio temporal y se comprometió a solucionarles el problema.José Rozo, presidente de Fedecámaras Táchira, dice que este tipo de protestas también pueden ser utilizadas por organizaciones delictivas, que a veces se valen de las comunidades para evadir algunas medidas adoptadas por las autoridades.

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"Lamentablemente en estos países la gente se ha acostumbrado a que la única forma para que se oiga a las comunidades es protestando. Y solo cuando causan trancones, pérdidas y molestias aparecen las soluciones a sus solicitudes", dice el dirigente.

Pedro Sayago, director de la Cámara de Comercio de Cúcuta, asegura que los cierres son aprovechados por los contrabandistas para distraer a las autoridades y pasar mercancías en medio del tumulto.

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"Aunque es difícil hacer un balance de cuánto se puede perder por cada hora que dure cerrado el puente, lo cierto es que afecta el 80 por ciento de la actividad diaria de la región", precisa.

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La situación, sin embargo, es vista con relativa tranquilidad por las autoridades colombianas.

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El coronel Héctor Enrique Páez, subcomandante de la Policía de Norte de Santander, dice que el problema ha sido más que todo por el lado de Venezuela, pues los cierres siempre se han hecho al otro lado de la frontera.

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"Cuando el cierre es hacia Colombia tratamos de hablar con la gente pero, sobre todo, hacemos respetar los derechos que tiene la gente para desplazarse e internarse de un país a otro", dijo el oficial.

El Tiempo