Han pasado tres meses desde que el Ejecutivo rompió relaciones diplomáticas con Colombia. Desde entonces, el comercio interno en San Antonio del Táchira ha caído más de 60%.Ahora la situación empeora, pues los comerciantes de la zona fronteriza son blanco de amenazas por parte de supuestos irregulares, los cuales les exigen que se solidaricen en su protesta en contra de las medidas que vienen aplicando las autoridades civiles y militares para contrarrestar los delitos que se están cometiendo en la entidad tachirense.
Las intimidaciones se agudizaron el pasado jueves en la noche, según comentó el presidente de Fedecámaras, capítulo Táchira, José Rozo, quien explicó que ante el temor, la decisión de los dueños y encargados de los establecimientos fue "no abrir".
Por esta razón, durante el día de ayer el comercio fronterizo estuvo desolado y la avenida principal que comunica a Venezuela con Colombia estuvo totalmente colapsada por la gran cantidad de personas y vehículos que esperaban cruzar la frontera. Aproximadamente 1.000 establecimientos permanecieron cerrados.
Según la información que dieron los propios comerciantes, los supuestos irregulares repartieron panfletos en los establecimientos de la localidad advirtiéndoles a sus propietarios sobre la situación. La amenaza fue más allá, pues indicaron que quienes optaran por abrir sus puertas tendrían que pagar una multa de 5.000 bolívares fuertes.
Rozo narró que los presuntos irregulares estuvieron conminando a los comerciantes a cerrar sus negocios y los citaron en la plaza Bolívar para una manifestación en rechazo de la supervisión de los efectivos militares.
Recordó que desde que las operaciones en las frontera se han visto entorpecidas por decisiones políticas, "comenzó a desmoronarse" el área fronteriza. De hecho, refirió que el aumento de los índices de informalidad y de los hechos delictivos son consecuencia directa de las trabas al comercio binacional.
"Centenares de personas se han ido quedando sin empleo y así aumentan las posibilidades de que se sumen al contrabando", indicó Rozo.
Explicó que el conflicto que comenzó el jueves y que mantuvo el día de ayer a establecimientos comerciales y a algunas colegios cerrados -además del puente internacional Simón Bolívar- es consecuencia del alza del contrabando y de las acciones delictivas de bandas que operan a ambos lados de la zona fronteriza.
"Algunos de los caleteros y de los mototaxistas que protestan por los controles de la Guardia Nacional sirven a esas bandas y son los que hacen las amenazas. Lo que piden es que en solidaridad por lo que está ocurriendo entre los municipios de San Antonio, Ureña y Cúcuta, los comerciantes bajen sus santamarías. Ahora los dueños de estos locales temen por sus vidas".
Rozo indicó que es necesario "recordarle todo este panorama al presidente de la República, Hugo Chávez", pues del comercio entre Colombia y Venezuela, sólo en las regiones fronterizas, genera 25.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. "Y la gente no se va a morir de hambre tras la situación que aquí se ha generado, por eso debe rectificar y corregir su decisión".
Las palabras de Rozo tuvieron eco en el presidente de Fedecámaras nacional, Noel Álvarez, quien a través de un comunicado de prensa indicó que los empresarios "hacemos como constructores de paz, de bienestar social para la comunidad, que queremos que se mantenga las fuentes de empleos y se respeten los derechos ciudadanos. Es urgente atender la situación en la frontera, velar por los empleos y por la integración de los pueblos".
Mientras tanto, el empresario recalcó que la Guardia Nacional tiene total apoyo de los comerciantes. No obstante, sugirió que se revisen las filas internas para descartar cualquier posibilidad de complicidad.
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