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martes, 9 de diciembre de 2008

Autoridades toman medidas para evitar el reclutamiento de jóvenes y la trata de personas


Ante las denuncias conocidas por las autoridades de la zona del Catatumbo sobre posibles reclutamiento de menores a grupos al margen de la Ley, el gobernador William Villamizar Laguado y el secretario de gobierno Octavio Martínez Acuña, procedieron a convocar en la mañana de hoy a un consejo de seguridad ampliado a funcionarios del Estado y Organizaciones de Derechos Humanos y otras Instituciones.

Durante el evento que se adelantó en el salón Eustorgio Colmenares de la Cúpula Chata y en las que asistieron representantes de la Defensoría del Pueblo, ICBF, Acción Social, Sena, Ejército y Policía Nacional, Fiscalía, DAS CIAT, Cruz Roja, entre otras, se dispuso la realización de trabajos conjuntos enfocados a concientizar a los jóvenes de no aceptar la intimidación y las propuestas de estos organismos armados que violan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El gobernador William Villamizar Laguado concretó con los asistentes una nueva mesa de trabajo en donde participen representantes de las instituciones del Estado directamente en el terreno (Catatumbo) y poder así avanzar en acciones concretas que permitan llevar mayores programas a cada uno de los habitantes.

Precisó que de igual forma se adelantarán campañas publicitarias en cada una de las emisoras comunitarias, la emisión de volantes y se contará con el apoyo del Ejército, Policía, Alcaldes y presidentes de Juntas de Acción Comunal, en donde se le insta a los jóvenes a denunciar cualquier tipo de presión de la subversión en cuanto al reclutamiento, abuso sexual o trata de personas.

Villamizar Laguado comunicó las denuncias que se han recibido sobre el traslado de niñas menores de edad residentes en Cúcuta y el Área Metropolitana a la zona del Catatumbo en donde las ubican como trabajadoras sexuales, por lo que llamó la atención de las autoridades.

El mandatario de los nortesantandereanos habló también sobre las acciones que se vienen tomando en cuanto al problema de las minas antipersonales, la inclusión de recurso al Centro Cardioneuromuscular en donde se atienden a las personas víctimas de este flagelo y de la necesidad de que las personas tomen conciencia en denunciar los sitios en donde exista la posibilidad de campos minados.

El Gobernador indicó que recientemente se recibió una denuncia escrita del alcalde de Tibú José del Carmen García, en la que denuncia la presencia de grupos al margen de la ley que vienen adelantando acciones como el reclutamiento de jóvenes, trata de personas y otros hechos en poblaciones como La Gabarra, El Tarra, San Calixto, Teorama y Hacarí.

Manifestó que a partir del próximo año se van a fortalecer los Comités Municipales de Derechos Humanos, para lo cual se han destinado en el Plan de Desarrollo y el presupuesto del 2009 unos $70 millones de pesos que podrán ir aumentando de acuerdo a los aportes que hagan otras instituciones como el Gobierno Nacional, Defensoría del Pueblo y Organismos Internacionales.

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