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miércoles, 17 de septiembre de 2008

En Norte de Santander hay quienes se benefician por el paro judicial


El alcalde de Salazar de Las Palmas, Jesús Emilio Ayala Hernández, es uno de los tantos beneficiados con el paro judicial, pues aún se mantiene en el cargo a pesar de que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander le retiró la credencial, al fallar en segunda instancia contra del mandatario por violar el régimen de inhabilidades.

Sin embargo, una vez se produjo el fallo, Ayala interpuso una acción de aclaración ante el Contencioso que no le fue aceptada, pero la iniciación del paro impidió que esa decisión le fuera comunicada. En consecuencia, el gobernante seguirá en su cargo hasta que este procedimiento pueda completarse, hecho que solo se podrá dar cuando el paro de los empleados del poder judicial se levante.

Ayala no podía participar en la contienda electoral por estar inhabilitado, debido a que dentro de los 12 meses anteriores a la elección se desempeñó como Director Operativo de Tránsito Departamental y apenas presentó la renuncia al cargo el 27 de abril de 2007, que le fue aceptada el 4 de mayo del mismo año. Las elecciones, en las que ganó con 2.596 votos, se cumplieron en octubre del 2007.

12 personas libres al día

La Policía de Norte de Santander asegura que, en promedio, 12 de 20 personas que son capturadas diariamente en Cúcuta por diferentes delitos no están siendo judicializados por vencimiento de términos.

Buena parte de esos casos corresponden a contravenciones por consumo de sustancias alucinógenas en lugares públicos, frente a establecimientos educativos o en presencia de menores; por daño en bien ajeno, daño o agravios a personas, hurto, robo calificado o agravado, estafa agravada, abuso de confianza calificado, delitos que tienen penas de arresto.

Según el coronel Carlos Enrique Villadiego, comandante operativo de la Policía en el Área Metropolitana de Cúcuta, si esos contraventores no se llevan ante el juez, la captura no se hace efectiva.

En Norte de Santander alrededor de 1.400 personas se mantienen en cese de actividades y en asamblea permanente, tanto en Cúcuta, como en Ocaña y el resto de municipios del departamento, a excepción de Pamplona, cuyos 60 funcionarios retomaron la semana pasada sus actividades laborales.

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