Así lo decidió esta noche la Sala Plena del alto tribunal, que determinó que la ley aprobada por el Congreso es inconstitucional porque, entre otros, viola el derecho a la igualdad.El objetivo de la ley era que alrededor de 120 mil funcionarios que fueron designados antes de 2004 esperan ser ratificados en sus cargos sin pasar por concurso de méritos.
La norma fue aprobada por el Congreso y objetada por el Gobierno y pretendía que los funcionarios que llegaron como provisionales antes del 2004 se queden con los puestos automáticamente.
La norma tiene un 'clon' que hace curso en el Congreso como acto legislativo y que ya fue aprobado en primera vuelta sin mayores debates.
Lo cierto es que la ley no llega bien parada a la Corte. Esa corporación ha sido una de las abanderadas de los concursos de méritos, que a su vez fueron promovidos por la Carta del 91. La Corte ha respaldado en recientes decisiones los concursos en la Fiscalía, la Registraduría y las notarías.
Los magistrados tienen para decidir, además de sus propios análisis, las posiciones del Congreso, la Presidencia y la Procuraduría.
El Congreso dice que la ley, que fue promovida por el Polo Democrático y respaldada por las demás bancadas, no viola la Constitución y que los provisionales no pueden responder por la dilación del Estado en hacer los concursos.
Las razones que dieron lugar a que el ingreso de los servidores públicos no se hiciese mediante carrera administrativa son únicamente atribuibles al mismo Estado, ya sea porque no convocó a concurso durante décadas o por negligencia de las autoridades administrativas", señaló esa corporación a la Corte.
El Gobierno no lo cree así. Para la Casa de Nariño, lo aprobado por el Congreso vulnera la meritocracia y la igualdad de los que están aspirando por medio de concursos a los diferentes cargos públicos: "La ley determina un trato preferencial e injustificado a un grupo minoritario de empleados que se encuentra en provisionalidad (...)", dijo el Presidente.
El viceprocurador general, Carlos Gómez, también planteó ante el alto tribunal su desacuerdo con la norma, debido a que modifica de manera indebida las reglas del juego establecidas para la carrera administrativa y genera inseguridad jurídica.
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