La senadora opositora Piedad Córdoba, a quien la justicia colombiana investigará por supuestos nexos con la guerrilla de las FARC, aseguró la noche del jueves que no siente temor frente al anuncio y que seguirá buscando la liberación de los rehenes en poder de esa guerrilla.
"Mi trabajo a favor del acuerdo humanitario no tiene reversa. Esperaré con serenidad la investigación de mi juez natural que es la Corte Suprema de Justicia. Voy a seguir trabajando como facilitadora del acuerdo y no le tengo miedo a la investigación", señaló Córdoba en un acto público en Cali (sur).
El jueves, el fiscal Mario Iguarán anunció -tras una visita a Washington-, que según lo hallado en computadores del abatido número dos de las FARC, Raúl Reyes, Córdoba y los también legisladores Wilson Borja y Gloria Ramírez, del partido de izquierda Polo Democrático, tendrían vínculos con los rebeldes.
Las sospechas también cayeron sobre cuatro extranjeros: dos ecuatorianos, un venezolano y un estadounidense. También, sobre otros cinco colombianos: la directora de una ONG, dos políticos y dos periodistas. A todos ellos, la Fiscalía colombiana les abrió una investigación preliminar.
Iguarán dijo que las investigaciones se realizarán "con base en el informe de policía judicial relacionado con los computadores de Raúl Reyes", número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), muerto el 1 de marzo en un ataque colombiano a su campamento en el norte de Ecuador.
"No me extraña que después de mis actuaciones en la Cumbre de los Pueblos, que se celebró en Lima la semana pasada, se de este tipo de anuncios", enfatizó Córdoba al calificar el anuncio como "otra cortina de humo" para ocultar vínculos de políticos afectos al gobierno con paramilitares de ultraderecha.
La senadora Córdoba y el presidente venezolano Hugo Chávez gestionaron ante las FARC, por encargo de Uribe, un plan para lograr la liberación de unos 39 rehenes de esa guerrilla, entre ellos la política colombo-francesa Ingrid Betancourt.
Esa misión fue interrumpida en noviembre en forma abrupta por el presidente colombiano. El 15 de mayo, un informe de Interpol acreditó que los archivos hallados en los computadores de Reyes no fueron manipulados por las autoridades colombianas.
"Mi trabajo a favor del acuerdo humanitario no tiene reversa. Esperaré con serenidad la investigación de mi juez natural que es la Corte Suprema de Justicia. Voy a seguir trabajando como facilitadora del acuerdo y no le tengo miedo a la investigación", señaló Córdoba en un acto público en Cali (sur).
El jueves, el fiscal Mario Iguarán anunció -tras una visita a Washington-, que según lo hallado en computadores del abatido número dos de las FARC, Raúl Reyes, Córdoba y los también legisladores Wilson Borja y Gloria Ramírez, del partido de izquierda Polo Democrático, tendrían vínculos con los rebeldes.
Las sospechas también cayeron sobre cuatro extranjeros: dos ecuatorianos, un venezolano y un estadounidense. También, sobre otros cinco colombianos: la directora de una ONG, dos políticos y dos periodistas. A todos ellos, la Fiscalía colombiana les abrió una investigación preliminar.
Iguarán dijo que las investigaciones se realizarán "con base en el informe de policía judicial relacionado con los computadores de Raúl Reyes", número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), muerto el 1 de marzo en un ataque colombiano a su campamento en el norte de Ecuador.
"No me extraña que después de mis actuaciones en la Cumbre de los Pueblos, que se celebró en Lima la semana pasada, se de este tipo de anuncios", enfatizó Córdoba al calificar el anuncio como "otra cortina de humo" para ocultar vínculos de políticos afectos al gobierno con paramilitares de ultraderecha.
La senadora Córdoba y el presidente venezolano Hugo Chávez gestionaron ante las FARC, por encargo de Uribe, un plan para lograr la liberación de unos 39 rehenes de esa guerrilla, entre ellos la política colombo-francesa Ingrid Betancourt.
Esa misión fue interrumpida en noviembre en forma abrupta por el presidente colombiano. El 15 de mayo, un informe de Interpol acreditó que los archivos hallados en los computadores de Reyes no fueron manipulados por las autoridades colombianas.
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