Un Peaje inamistoso

La absurda persistencia del gobierno colombiano en mantener un inamistoso peaje en la frontera con Venezuela derivó en predecibles disturbios y en el cierre de los pasos fronterizos entre Norte de Santander y el Táchira a través de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que unen a Cúcuta con San Antonio y Ureña en Venezuela.

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Sus graves consecuencias se han hecho manifiestas tanto en heridos, como en la destrucción de las casetas del peaje y el ataque a oficinas públicas, y, por supuesto, en severas pérdidas económicas. Se estima que estas últimas alcanzan entre diez y quince millones de dólares diarios. Es sorprendente que habiendo ocurrido hace menos de tres meses una justificada protesta popular por parte de los habitantes de la zona, la errónea decisión de imponer cargas a la movilidad fronteriza se mantenga bajo argumentos que más parecen una burla, como aquel de que el peaje afecta al “transporte turístico”. El desconocimiento de los estrechos vínculos existentes entre las poblaciones de un lado y otro de la frontera es revelador de la indiferencia hacia estas regiones por parte del gobierno central. Además, el cierre fronterizo no sólo tiene costos obvios para la región de Norte de Santander y el Táchira, sino para Arauca, cuyas comunicaciones por carretera con el resto del país pasan por territorio venezolano.

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La decisión de mantener el peaje constituye una equivocación más del gobierno en las relaciones con Venezuela y revela el desprecio que en la práctica le merece la integración regional. Para los habitantes de la zona resulta incomprensible que habiéndose constituido una zona de integración fronteriza –ZIF- en el 2005, en Paraguaná, Estado de Falcón, suscrita por los presidentes de los dos países, en la actualidad se imponga un peaje a la movilidad.

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¡Un verdadero contrasentido! Más grave aún, según declaraciones del diputado venezolano Julio Tascón a la prensa, al imponer dicho peaje Colombia violó un tratado binacional firmado en 1925, el cual estableció una franquicia a perpetuidad que impide cualquier cobro a personas, animales o mercancías en su paso por el puente fronterizo.

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El gobierno colombiano aduce que la única forma de financiar las obras de infraestructura es la imposición de dicho peaje. Es comprensible que los recursos fiscales son insuficientes para las necesidades del desarrollo. Pero la pregunta obvia es, ¿entonces por qué el gobierno de Álvaro Uribe hace menos de un año, en la última reforma tributaria, se dio el lujo de regalar ingentes ingresos fiscales a los inversionistas extranjeros, mediante la eliminación del impuesto a las remesas de la inversión extranjera? Ésta, de acuerdo con lo girado el año pasado por concepto de utilidades (US$ 4523 millones) significa una dádiva de 316 millones de dólares, pero evidentemente su monto sería creciente en el tiempo dada la ostensible ampliación de la “inversión extranjera” ocurrida en los últimos años. Con tan significativos fondos sin duda habría alcanzado para construir una que otra carretera, atender uno que otro desplazado, y efectuar una que otra inversión pública. Pero lo más grave de semejante regalo a la inversión extranjera es que se otorgó a absolutamente todas las inversiones directas del exterior sin excepciones; no exclusivamente a las nuevas inversiones y en sectores de alta tecnología como indicaría la lógica, si la intención fuese atraer capitales para el desarrollo. No; la dádiva como ha sido habitual en este gobierno fue general y generosa con los más poderosos, incluidas aquellas inversiones consistentes en traspaso a manos extranjeras de riqueza ya creada por los colombianos.

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El argumento entonces de la carencia de recursos para imponer el peaje fronterizo resulta paradójico, al pronunciarse tan solo pocos meses después de la generosa gratificación a los inversionistas extranjeros. Además, la eficacia de dichos incentivos ha sido puesta en duda aún por el propio FMI cuyos intereses, según demuestra la experiencia y como denunció el Nobel Stiglitz, no están propiamente del lado de los países en desarrollo.

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El presidente Uribe igualmente aduce razones de seriedad para no eliminar el conflictivo peaje. "Sin utilizar un tono desafiante, el gobierno no va a quitar los peajes. ¿En qué quedaría la seriedad del gobierno si se echa atrás la concesión?" afirmó.

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¿Acaso el interés general no debe primar sobre los intereses particulares? ¿Y si de razones de seriedad se trata no debería respetarse en primer término el Tratado firmado con Venezuela en 1925? En otras ocasiones los argumentos de seriedad han dado paso a otras aparentemente mas importantes para el primer mandatario, como ocurrió con su promesa de no privatizar ECOPETROL. El mantener el desmedido crecimiento del gasto público constituyó una razón más poderosa que la promesa de no enajenar la más importante empresa del patrimonio nacional, fácilmente olvidada.

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¿Por qué razón no puede eliminarse un inamistoso peaje que afecta la movilidad fronteriza no sólo en términos de costos sino de tiempo, con quien sin duda es nuestro socio comercial más importante si se excluyen las exportaciones de crudo a Estados Unidos y habida cuenta de la cualidad de las ventas de mayor valor agregado a ese mercado? ¿Quién es el privilegiado ciudadano o la favorecida firma adjudicataria de dicha concesión cuyos intereses prevalecen sobre los de todos los de la frontera binacional? El interés general debería primar sobre dichos intereses particulares como lo señaló el editorial de este diario del pasado 4 de octubre, pero “pareciera que lo que cuenta para los burócratas de Bogotá son las ventajas para los contratistas, no el desarrollo nacional”.

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La integración colombo venezolana requiere mucho más que abrazos simbólicos; sobre todo reclama que la iniciativa gubernamental no apunte a su destrucción como ocurrió con el aniquilamiento del arancel externo común con Venezuela en la negociación del lesivo TLC con Estados Unidos y que no se levanten nuevos obstáculos como la implantación del irracional y, según el diputado Tascón, ilegal peaje fronterizo.
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