Después de aparecer en uno de los puestos más rezagados en cuanto al manejo de buen gobierno, la Alcaldía de Cúcuta, mejoró sustancialmente el Índice de Transparencia Municipal.La conclusión se desprende de los resultados entregados por la Corporación Transparencia por Colombia a alcaldes, a organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a las entidades del nivel nacional y regional, a los organismos de control, a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía interesada en el fortalecimiento de la institucionalidad municipal, donde se muestran los resultados del Índice de Transparencia Municipal 2008 -2009 - ITM que evalúa el nivel de transparencia versus el riesgo de corrupción administrativa en 148 gobiernos territoriales.
Cúcuta obtuvo una calificación de 71.7 puntos sobre 100 (Las calificaciones van de 0 a 100, siendo 0 la peor calificación (menos transparencia y más riesgo de corrupción) y 100 la mejor). En la clasificación de capitales de departamento, Cúcuta pasó a ocupar el séptimo lugar a nivel Nacional.
En la calificación 2005 – 2006, Cúcuta fue calificada con 47,74 y 51.78 puntos respectivamente, ubicándose en los últimos lugares en la tabla de capitales de departamentos, de categoría primera.
La Administración Municipal recibió la calificación con mucha satisfacción, pues se reconocen los esfuerzos efectuados por mejorar la visibilidad de los procesos contractuales y el fortalecimiento institucional.
La Alcaldesa María Eugenia Riascos Rodríguez, ratificó el compromiso con los cucuteños de seguir trabajando con transparencia y luchando contra la corrupción a través de procesos visibles y participativos.
“El empeño de la Administración Municipal es seguir mejorando en las prácticas del buen gobierno para tener un manejo transparente como debe ser y todo vicio que pueda desencadenar en corrupción”, precisó la gobernante local.
Los índices entregados por la Corporación Transparencia por Colombia son herramientas diseñadas para identificar las condiciones institucionales y prácticas de los actores gubernamentales, y a partir de ello definir el riesgo de corrupción a los que se enfrentan las entidades públicas, en el desarrollo de sus procesos de gestión. De esta forma, las herramientas permiten a las entidades públicas evaluar sus características institucionales, la visibilidad que dan a sus actos y el nivel de sanción y autorregulación de dichas entidades, con el fin de contribuir con la prevención de la ocurrencia de hechos de corrupción.
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