La decisión la adoptó al alto Tribunal, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, al analizar el cúmulo de procesos judiciales que se disponían en contra de Acción Social, sin parámetros claros.Para la alta Corporación es evidente la disparidad que están manejando los jueces al estudiar este tipo de demandas, y de ahí que haya ordenado medidas cautelares en torno a la materialización de los pagos a las víctimas, que ha visto vulnerada la materialización de sus derechos fundamentales.
La decisión, vale la pena aclarar, no se refiere a la ayuda humanitaria de emergencia sino al dinero que se ordenaba cancelar por concepto de reparación, es decir, los daños sufridos en las personas. La Corte tomó esta determinación al recibir una avalancha de tutelas de desplazados que requerían la reparación integral y la indemnización pronta por todos los daños y perjuicios causados por el desplazamiento.
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