ONU denuncia aberrante impunidad en Colombia y considera un fracaso Ley de Justicia y Paz

La Organización de Naciones Unidas, ONU, denunció hoy en Londres que el 98,5 por ciento de los casos de ejecuciones extrajudiciales que se realizaron en Colombia bajo un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país, están en la total impunidad.

Sin embargo, reconoció que estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial del Estado.

No obstante, destacó que hay muchos militares comprometidos en los llamados “falsos positivos”, que corresponden a asesinatos realizados para beneficio o ganancia personal de los soldados.

Sobre este caso el informe del relator especial de la ONU para las Ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, señala que “generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que había muerto en combate” y manipulaban la escena del crimen.

Además subraya que “los soldados sabían que podían quedar impunes”.

Dentro de éste panorama, Alston destacó, empero, las medidas adoptadas por Colombia para reducir las ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la destitución de oficiales de alto rango y el permitir el monitoreo por parte de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

En cuanto el grado de impunidad que hay alrededor de estos crímenes por parte de las fuerzas de seguridad, el relator de la ONU” dice que es demasiado alta y advierte que “a menos que el Gobierno asegure la efectiva investigación y juicio de las ejecuciones cometidas por las fuerzas militares, no podrá superar el escándalo de los falsos positivos”.

El diplomático también reseña “un alarmante nivel de impunidad” para los crímenes cometidos por los llamados grupos paramilitares.

“La inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y muchos se beneficiaron de amnistías”, precisa.

Dentro de este contexto considera un “fracaso” el proceso de rendición de cuentas de los paramilitares ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de estos grupos armados ilegales y pide al Gobierno colombiano impulsar “cambios sustantivos” en la Ley de Justicia y Paz, ideada para exigir responsabilidades a los paramilitares por sus crímenes.

Igualmente recomienda al gobierno colombiano considerar la posibilidad de establecer una comisión de la verdad independiente que conduzca una investigación sistemática de las violaciones cometidas por todas las partes del conflicto armado colombiano”.

Respecto a las guerrillas, Alston resaltó que “tanto las FARC como el ELN cometieron asesinatos y a menudo atacaron o victimizaron a la población por la que ellos dicen luchar”.

No obstante afirma que mientras la estrategia del Gobierno se ha enfocado en la derrota militar de la guerrilla, “también se debería considerar los acuerdos humanitarios y las negociaciones para terminar el conflicto de una vez por todas”.

En cuanto a los grupos de población que son especialmente vulnerables a la violencia en Colombia, el informe señala que “históricamente y hoy en día, todas las partes del conflicto han atacado comunidades indígenas y afrocolombianas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales”.