La iniciativa, que contempla la derogación de los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, fue radicada en julio anterior por el Ministerio del Interior y de Justicia por solicitud de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), que en representación de los alcaldes del país la justificó señalando que las acciones populares han perdido su espíritu de protección de los derechos colectivos y se convirtieron en un negocio rentable para unos pocos.El proyecto de ley tiene sus orígenes en que las administraciones municipales se han visto obligadas a enfrentar un alto número de acciones populares, indicó Fedemunicipios a través de un comunicado.
En ese sentido, coincidió el Ministerio del Interior al presentar ante el Congreso el proyecto: “En los últimos años se han presentado casos en los cuales se demuestra que algunos alcaldes han visto entorpecidas las actividades propias de su administración gracias a un sinnúmero de acciones populares, cuyo fin no es el de mejorar el bienestar de la comunidad, el cual se supone sea el fin de las acciones populares.
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