'Chuzadas' eran una conspiración del Estado contra la Corte Suprema, dice su presidente

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jaime Arrubla, dijo que las nuevas revelaciones de la Fiscalía sobre las “chuzadas” del DAS apuntan a una “conspiración del Estado contra la Corte”.

“Esto coloca al Estado en un régimen de terror y lo más conveniente es que se llegue a la verdad”, señaló el magistrado.

Además, señaló que esas revelaciones, hechas por un fiscal durante la imputación de cargos contra cinco funcionarios del DAS por las interceptaciones ilegales, indican que altos funcionarios del Gobierno eran los que coordinaban las “chuzadas” y seguimientos.

El magistrado afirmó que la infiltración a la Corte se pudo dar por medio del sistema interno de grabaciones porque “ésos se vuelven transmisores” y son "supremamente vulnerables". Sin embargo, no descartó la presencia de un agente infiltrado.

“No me apresuro a dar conjeturas, lo que escuchamos este fin de semana es absolutamente alarmante, es escalofriante. Uno se asusta de que en un país democrático pasen estas cosas”, aseguró.

El fin de semana, la Fiscalía informó que un testigo dijo que el Gobierno ordenó al DAS seguir e interceptar las llamadas telefónicas de magistrados, periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.

El fiscal encargado del caso, Misael Ramírez, reveló el contenido de la declaración de un ex funcionario del DAS en la sesión en la que se confirma su acusación por concierto para delinquir, prevaricación y abuso de autoridad a cinco miembros de la institución.

De esta forma, Ramírez determinó la responsabilidad de los ex jefes del DAS Fernando Tabares y Jorge Lagos; así como la participación de los funcionarios Bernardo Murillo, Luz Marina Rodríguez y Germán Albeiro Ospina en la violación de la privacidad de centenares de personajes de la vida pública.

Según el testigo, se celebró una reunión en el Palacio de Nariño en la que la directora del organismo de seguridad de entonces, María del Pilar Hurtado, recibió del Gobierno la orden de espiar a los integrantes del alto tribunal.