La oleada de embargos irregulares que sucesivamente promueven abogados inescrupulosos con la anuencia de algunos jueces, le está provocando un desangre al fisco nacional de 132 mil millones de pesos durante el último año.Así lo señaló el director de la oficina Anticorrupción de la Presidencia Oscar Ortiz González, quien hizo un llamado a los organismos de control y a la Fiscalía General para que tomen correctivos que permitan detener esta práctica que le está costando al Estado sumas millonarias que debían emplearse en proyectos de interés social.
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