Los fracasados tres pilares del mandato Uribe

En los últimos días la credibilidad en el discurso oficial ha hecho agua. Los propios anuncios del gobierno sobre sus políticas “sociales” y de “seguridad” dejaron al desnudo cuánto de simple retórica caracteriza a sus tres publicitados pilares: seguridad, cohesión social y confianza inversionista.

La insólita propuesta presidencial de involucrar a los estudiantes con la delincuencia convirtiéndolos en informantes pagos, aparte de sugerir motivaciones poco democráticas de un gobierno que ha mostrado sus destrezas en perseguir y espiar a opositores, sindicalistas y a la justicia, revela el rotundo fracaso del pregonado gran cimiento de su mandato de “seguridad democrática” en las ciudades. Tan precaria ha sido la confianza, tan pobres las certidumbres vitales que viven muchísimos colombianos, que las madres de Soacha, a quienes se debería estar protegiendo y reparando por ser víctimas de atroces delitos de Estado, están viviendo bajo la amenaza. “En Soacha llueven los panfletos, la amenaza y el miedo” denuncia Gloria Arias Nieto. (El Nuevos Siglo 29-1-2010). Para estas madres no existe la investigación expedita del Estado sobre la procedencia de las amenazas, menos aún se solicita la colaboración del FBI, pronta y eficazmente utilizada ante amenazas que, aún cuando censurables eran muy poco creíbles, de un estudiante al hijo del presidente. El estudiante está en prisión mientras las madres de Soacha viven bajo el terror de quienes segaron la vida de sus hijos y por tanto sus amenazas sí son creíbles. Como eran creíbles las amenazas a sindicalistas y representantes de víctimas que fueron asesinados, o la de periodistas como Fernando Garavito, por cuyas denuncias tuvo que exiliarse. Para ellos el gobierno no reclama la colaboración del FBI. Y sobre la seguridad en el campo, la propaganda oficial no logra tapar la vergonzosas llaga de los millones de desplazados. El presidente de Codhes ha revelado que entre 2002 y 2009 hubo 2,4 millones de desplazados en Colombia, ¡49% del total de desplazados en los últimos 25 años! Que la “seguridad democrática” es parcial, fragmentaria y no cubre todos los actores violentos es claro, como revela la denuncia del director de Human Rights Watch. José Miguel Vivanco; los herederos de los paramilitares actúan en 24 departamentos bajo una actitud pasiva del gobierno, y contribuyeron al incremento del desplazamiento forzado entre 2004 y 2007.

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