La Corte Suprema de Justicia ordenó al fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago, que posesione antes de quince días a unos dos mil funcionarios que por concurso ganaron su puesto en el ente acusador.La orden se dio a través de una sentencia de tutela a favor de una persona que ganó el concurso y aún no está ejerciendo el cargo en la Fiscalía.
En el fallo se fijó un plazo perentorio de quince días hábiles para proceder a las respectivas designaciones.
Entre los cargos están el de fiscales locales y seccionales, hasta auxiliares y secretarias.
La Corte desestimó todos los argumentos expuestos por la Fiscalía frente a la complejidad del desarrollo del concurso de méritos y argumentó que los ganadores adquirieron así el derecho constitucional y legal a ser designados dentro de un número de vacantes nacionales.
La decisión se adoptó luego de que la sala penal de la Corte Suprema revocara el fallo que había emitido el Tribunal Superior de Valledupar, que negó una acción de tutela a Fernando Fernández Celedón, quien participó de la convocatoria realizada en el 2007.
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