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miércoles, 17 de febrero de 2010

Aspiro gobernar a Colombia para evitar que Diego Palacio permanezca en el ministerio: Vargas Lleras


En diálogo con La W, el candidato presidencial por Cambio Radical, dijo que quiere gobernar a Colombia para evitar que el ministro de Protección Social, Diego Palacio, permanezca en ese cargo.

Además, crítico y denunció un contrato de 125 mil millones de pesos que hizo el Ministerio para impulsar la reforma a la salud “que acabó en nada” porque al final el país terminó en Emergencia Social.

“Inaudito es que en toda la gestión de Palacios se hubiera gastado cifras de estas proporciones y termina el país conociendo unos decretos en los estertores de una Emergencia Social”, señaló Vargas Lleras.

Aseguró que el contrato, firmado hace doce años y finalizado en 2008, también fue descalificado por varios especialista de la salud que dijeron que el proyecto fracasó porque si se hubiera “ejecutado bien nada de lo que está sucediendo estaría pasando”.

Vargas Lleras señaló que las mismas personas que participaron en la ejecución del programa terminaron “siendo contratadas por el Ministerio de la Protección Social para preparar la reforma”.

“Tantas asesorías, tantos profesionales para terminar en este mar de improvisación en torno a la expedición de decretos (…) esto nadie lo entiende”, puntualizó el jefe de Cambio Radical.

Por su parte, el ministro Diego Palacio afirmó que antes que Álvaro Uribe asumiera como Presidente ya se habían ejecutado cerca de 50 millones de dólares y que él terminó de ejecutar el resto de los recursos, unos 14 millones de dólares.

Así mismo, dijo que el proyecto no era para impulsar ninguna “emergencia de ahora (…) era para ayudar a consolidar la implementación de la Ley 100”.

Defendió la participación de Teresa Tono, miembro de la junta directiva de la Nueva EPS, que ha sido nombrada en los tres contratos denunciados por el jefe de Cambio Radical.

“La doctora Teresa Tono desde el mes de marzo o abril del 2003 ocupó la dirección del programa hasta agosto o septiembre de 2008, la totalidad de la contratación que se realizaba a través del programa debía recibir una previa certificación o autorización por parte del Banco Interamericano, y en el momento en que la Contraloría hace el análisis realiza una calificación importante”, explicó Diego Palacio.


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