La convocatoria hecha hoy por el Presidente tiene como objetivo analizar los decretos de Emergencia Social.
Ni la Academia Nacional de Medicina ni la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas ni la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas asistirán a la convocatoria hecha por el Presidente para analizar el contenido de los decretos.
Sociedades Científicas le envió esta tarde una misiva al Presidente Álvaro Uríbe, en la que le solicitan una reunión con el propósito de exponerle a él, directamente, sus puntos de vista y el resultado del análisis que en este momento están haciendo de las normas:
"Dado que el Gobierno expidió dichos decretos, y el Ministerio de la Protección Social inició una reglamentación acelerada, sin contar con nuestra participación sobre aquellos puntos que consideramos vitales para la salud de nuestros pacientes y para nuestro ejercicio profesional, estamos entregados a la tarea de hacer un análisis profundo de estas medidas, en lo jurídico, técnico y operativo", señalan en el texto.
En entrevista con Yamid Amat, publicada hoy por EL TIEMPO, Roberto Esguerra, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, calificó los decretos de 'monstruosidad' y pidió su revocatoria urgente.
"El Gobierno tiene que hacer algo para derogar esas normas, porque son perjudiciales para la sociedad, especialmente para las personas más enfermas y las más pobres, y significan, además, una agresión sin precedentes a una profesión como la médica", dijo Esguerra.
El viernes pasado, la Academia Nacional de Medicina expidió también una comunicación en la que hace un enérgico rechazo a las normas, porque vulneran la autonomía médica y el derecho de los pacientes: "Es preocupante que, más allá de la atención primaria, la atención de mayor complejidad se califique como prestación excepcional. Ello significa abolir el propósito primordial del aseguramiento, que es precisamente atender los cuadros clínicos de mayor complejidad.
Desde el punto de vista social, es inconcebible que se decrete que los costos de las prestaciones calificadas como excepcionales en salud, los afiliados deban cubrirlos con préstamos bancarios o, lo que es peor, con sus cesantías".
La Academia pidió, también, la derogatoria de los decretos.
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