El accionar de los grupos armados ilegales tiende a trasladarse a las grandes ciudades; esto explicaría el incremento de la criminalidad en Bogotá y MedellínEL TECHO en su capacidad de enfrentar a los grupos armados al margen de la ley alcanzó la Política de Seguridad Democrática, implementada por el actual Gobierno desde hace siete años, por lo que es difícil que obtenga logros más allá de los ya alcanzados, y cuenta con el desafío que representan la guerrilla, los neoparamilitares y los grupos delincuenciales del narcotráfico.
Esta es una de las principales conclusiones del informe Conflicto Armado 2009, presentado ayer por la Corporación Arco Iris.
En ese sentido explica que el conflicto armado se está trasladando de las zonas rurales a las urbanas del país, así como se ha incrementado el número de nuevos paramilitares, que ya rondan los 11 mil hombres, al tiempo que las Farc han incrementado sus acciones en el último año.
La estrategia de seguridad del Gobierno hace agua, y mientras crece el fenómeno delincuencial en diferentes regiones del país, el Gobierno ha puesto sus esperanzas en el impuesto al patrimonio incluido en la reforma política que debate el Congreso, para financiar la Política de Seguridad Democrática más allá de 2011.
Al respecto, el director de la Corporación Arco Iris, León Valencia, señala que el Gobierno no tiene los suficientes fondos para sostener una estrategia de seguridad a la escala que se ve hoy enfrentada por los grupos delincuenciales.
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