Fiscalía interviene en caso de Parque Bavaria

La Fiscalía investiga la responsabilidad de los 16 concejales que el 31 de octubre de 2006 autorizaron la creación de la corporación sin ánimo de lucro Parques de Cúcuta y la asignación de $4.000 millones por parte del municipio.

El organismo inició el proceso por el presunto delito de prevaricato por acción. La actuación determinará si hubo o no violación de los artículos 313 y 355 de la Constitución Política y de otras normas.

Según el acta de la sesión ordinaria de aquel día, los munícipes que aprobaron el proyecto fueron los siguientes:

Lyda Jazmín Ardila, Jorge Iván Cáceres, Blanca Cruz González, Eduardo Chaín, Édgar Díaz, Alfredo Duarte, Juan Carlos García, Vicente García Granados.

Luis Eduardo Guevara, Hugo Márquez, Juan Manuel Morelli, William Ovallos, Nelly Amparo Pérez, Margarita Silva de Uribe, Víctor Suárez y Rodolfo Torres.

Comienza así otro capítulo del paralizado plan para construir un parque, un edificio de oficinas y locales comerciales. Aunque antes tenía el museo, lo cambiaron por un hotel. La cerca de latas en las calles 8 y 9 con avenidas 1 y 2 del barrio Latino, marca el punto del Parque Bavaria.

El concejal Chaín Rueda dijo ayer que la Fiscalía Tercera delegada ante los jueces del circuito, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, lo llamó a indagatoria. Le corresponde presentarse el 12 de noviembre.

El Acuerdo 031

En el acto administrativo aprobado hace tres años, se lee que tuvo como fundamento el artículo 313 numeral 3 de la Constitución, el artículo 32 numeral 3 de la Ley 136 de 1994, la Ley 80 de 1993 y los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998.

En el documento quedaron consignadas dos autorizaciones al entonces alcalde Ramiro Suárez Corzo, las cuales vencieron el 31 de diciembre de 2007.

-Conformar una corporación sin ánimo de lucro de carácter municipal que se denominará Parques de Cúcuta.

-Comprometer la suma de $4.000 millones para el cabal cumplimiento del desarrollo del objeto social de la Corporación Parques de Cúcuta.

El abogado Eduardo José Galvis Ursprumg, quien era asesor externo de la Alcaldía, ‘bendijo’ la iniciativa en un memorando del 11 de octubre de 2006.

En el documento aseguró que luego de revisar el proyecto de acuerdo encontró que está ajustado “al ordenamiento jurídico. En consecuencia puede ser suscrito por su despacho”.

Hace tres años, el ponente fue Vicente García Granados. En el documento planteó al Concejo incluir en la argumentación jurídica los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, como finalmente ocurrió.

Tienen que ver con el visto bueno para la constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares.

Además, habla de asociación entre organismos públicos mediante la celebración de convenios administrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Al lograrse la aprobación, el 30 de noviembre de 2006 la Alcaldía de Cúcuta, el Área Metropolitana y la Cámara de Comercio constituyeron la institución privada sin ánimo de lucro de utilidad común llamada Corporación Parques de Cúcuta.

Advierte ilegalidad

El Juez Tercero Administrativo de Cúcuta, Rafael Eduardo Celis Celis, quien lleva la acción popular contra la suspendida obra, cuestionó la actuación del cabildo.

“El Concejo carecía de competencia para autorizar al alcalde para conformar una corporación sin ánimo de lucro municipal, como para comprometer $4.000 millones.

“Es innegable que el Concejo de conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política puede autorizar al alcalde para celebrar contratos; sin embargo, esa no es la situación, porque la autorización del Acuerdo 031 de 2006 no lo fue para ello, sino para conformar una corporación sin ánimo de lucro.

“Resulta de recibo el cuestionamiento que hace el actor popular (Jorge Moreno) a la autorización para comprometer $4.000 millones y al hecho de que el entonces alcalde Ramiro Suárez Corzo decidiera donar a una corporación sin ánimo de lucro mixta, la suma antes indicada. Como lo ha reiterado la jurisprudencia hasta la saciedad, está proscrito por la Constitución Política en el artículo 355”.

Dicho aparte de la Carta Magna señala: “Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado”.

El despacho judicial envió copias del caso a la Fiscalía General de la Nación, para que averigüe y determine si los concejales incurrieron en algún delito.

De la lista de los 16, en la actualidad solo 4 mantienen sus curules en la corporación administrativa municipal. Se trata de Blanca Cruz, Eduardo Chaín, Víctor Suárez y Rodolfo Torres.

Entre los 12, que por diversas razones no ostentan credencial, figuran los secretarios de Educación y Gobierno del departamento, Edgar Díaz y Margarita Silva.