También la sociedad civil ha participado impulsando el referendo para castigar con prisión perpetua a los abusadores de niños
UNA VERDADERA ofensiva jurídica se ha desatado en los dos últimos años en el Congreso y desde la sociedad civil para castigar a los abusadores y explotadores sexuales de los menores de edad en el país.
La más reciente recarga de este ‘arsenal’ la constituyó la aprobación esta semana, por la plenaria del Senado, del proyecto del ley de autoría del representantes William Vélez, que robustece las penas por el denominado turismo sexual y que busca fortalecer la lucha contra la explotación y la pornografía de menores que ya preveía la ley 679 de 2001, también de autoría de Vélez.
Igualmente, en la Comisión Primera de Cámara hay dos proyectos que entre otros fines pretende crear un registro de violadores, de autoría del movimiento Por el País que Soñamos, integrado por los representantes Simón Gaviria y David Luna. En esta misma Comisión cursa un proyecto por medio del cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes, de autoría de los representantes Carlos Piedrahita y Nicolás Uribe, entre otros.
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