A estas alturas muchos colombianos siguen sacando pecho, aun sin comprender cuáles son las implicaciones y las consecuencias derivadas del hecho que se hubiera aceptado a la ligera, que en la nueva Carta se esculpiera en forma lapidaria la frasecita: “Colombia es un Estado social de derecho”. Lo que resulta particularmente grave es que algunos funcionarios a quienes les compete desarrollar o ejecutar políticas sobre lo que siguen creyendo es una inocua frase de cajón, no tienen ni idea acerca de lo que les están hablando y no obstante se atreven a aventurar reformas sobre tales políticas, contribuyendo de esta suerte a profundizar algunos de los ya de por si graves males nacionales.La Constitución de 1991 no fue ni mucho menos una bitácora para realizar algún día una revolución en Colombia. Pero para un país leguleyo como el nuestro, se dejó escrito un rollo que logró filtrarse a la antesala de la política en donde se sazonan las incongruencias, los conflictos entre los poderes públicos y sobre todo se estimulan las expectativas de todos los ansiosos.
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