¿Es posible aterrizar la seguridad democrática en una ley?

Se abre el debate sobre si la protección de los ciudadanos que ordena la Constitución al Estado es pertinente plasmarla en una norma

EN LA continuidad de la política de seguridad democrática que ha implementado el gobierno Uribe coincide prácticamente todo el espectro político del país, con la diferencia de que mientras el uribismo pone en cabeza del mandatario o de sus herederos la permanencia de la misma, la oposición piensa que la seguridad no es capital de un presidente en particular.

Y son justamente los resultados que ha conseguido esta política, especialmente en lo que tiene que ver con la presencia de la Fuerza Pública prácticamente en todo el territorio nacional, en desmedro de los grupos violentos, lo que ha hecho que algunos consideren que esta estrategia debe convertirse en norma para todos los gobiernos.

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