Retos para garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia

LA JUSTICIA es un bien universal que nos compete a todos, lo sabemos desde Aristóteles, y de su organización, funcionamiento y aplicación se ocupan sin pausa todas las sociedades y todos los Estados que realizan permanentemente esfuerzos para hacer frente a una demanda cada vez mayor de decisiones de los jueces, en quienes radica finalmente la resolución de las controversias que en sociedades cada día mas complejas no alcanza a dirimir la burocracia estatal.

Por ello cobra mayor relevancia el papel del juez y la exigencia rigurosa de las idoneidades, y por supuesto la tarea de la administración judicial, como soporte imprescindible de la actividad del juez que haciendo uso de nuevas formas de organización, tecnología y experiencias exitosas en otras naciones posibilite el acceso real del ciudadano a la justicia, acceso entendido no simplemente como la posibilidad de acudir ante el juez, sino de obtener una decisión pronta, transparente, calificada y justa.

Asistimos en esta época a una especie de paradoja del desarrollo. De un lado un agresivo proceso de globalización en todos los órdenes que impulsado por el avance en las comunicaciones impone las más variadas formas de interrelación personal, productiva y cultural. Y de otro un renacimiento de formas de relación interindividuales y grupales producto quizá de la necesidad de autoprotegerse de los efectos de un mercado global.

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