Polémica por función de Policía judicial a alcaldes para reprimir ‘pirámides’

Aunque la norma tiene vigencia por los 30 días que dura el estado de emergencia social, ya ha despertado reacciones entre los alcaldes y otros actores políticos

LAS FUNCIONES de Policía judicial que entrega a los alcaldes el Decreto 4335 para tomar medidas cautelares sobre los establecimientos que capten dineros de forma ilegal, es una de las disposiciones que más han llamado la atención dentro de los cuatro decretos que el Gobierno expidió al amparo del estado de emergencia social.

La medida de poner en cabeza de los alcaldes el control de los captadores ilegales de dinero en sus municipios ha sido recibida con opiniones divididas e, incluso, hay quienes sostienen que puede tener vicios de constitucionalidad.

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