El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, le envió una misiva al Consejo Nacional Electoral en la que le explicaba que el comité promotor de la iniciativa popular no había discriminado las cuentas de ingresos y gastos de la recolección de firmas, lo cual podría acarrear una sanción de hasta 80 millones de pesos y el vicio de trámite del proyecto en el Congreso. Por considerarlo de interés público, EL NUEVO SIGLO reproduce a continuación apartes de la comunicación“ME PERMITO remitir para lo de competencia del Consejo Nacional Electoral el documento original que contiene seis folios en anexos firmado por el doctor Luis Guillermo Giraldo Hurtado, mediante el cual en su calidad de vocero del Comité de Promotores para la Reelección Presidencial presenta: Entrega de balance de ingresos y gastos del proceso de recolección de apoyos, en cumplimiento del artículo 97 de la Ley 134.
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