Siguen versiones sobre la muerte de los jóvenes de Soacha

La Defensoría del Pueblo entregó en abril pasado un informe de riesgos sobre lo que posiblemente ocurría con jóvenes del Sur de Bogotá y de Soacha que serían reclutados y enviados a la zona del Catatumbo, aseguró el defensor Vólmar Pérez en un debate en la Cámara de Representantes.

Según Pérez, el documento de abril advertía que jóvenes de Altos de Cazucá eran reclutados por grupos ilegales y trasladados a zonas como los municipios de El Tarra y Tibú, pertenecientes a la provincia de Ocaña, en Norte de Santander, donde varios adolescentes provenientes de esos sectores aparecieron muertos, supuestamente en combates con el Ejército.

La directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, Sandra Castro, dijo en el debate que además de los once casos ya conocidos (dos en Cimitarra y nueve en Ocaña), de quienes aparecieron como muertos en combate, la Fiscalía investiga otros ocho casos, ocurridos en Ocaña, a cargo de la Fiscalía de Cúcuta.

Castro dijo que los dictámenes de los homicidios demuestran que murieron a bala, pero que si fue o no en combate es materia de una investigación que bajo el sistema oral se espera brinde resultados muy pronto.

Afirmó que por los hechos hubo un detenido que fue dejado en libertad por un juez de garantías, por la supuesta captura ilegal. Pero que el individuo está prestando una eficaz colaboración para el esclarecimiento de lo ocurrido.

El ministro de Defensa encargado, general Freddy Padilla de León, dijo que con la colaboración de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Procuraduría, pronto se le podrá decir al país lo que verdaderamente ocurrió en Ocaña.

"Si por desgracia uno de los responsables es miembro de las Fuerzas Armadas, tengan la certeza de que tomaremos las acciones que sean necesarias", aseguró el general.

Dijo que ante las investigaciones de la Fiscalía sobre unos 45 uniformados por posibles implicaciones, es un número muy pequeño frente a 420 mil hombres. "Estadísticamente no significa nada, pero éticamente para nosotros el que haya un solo caso, es motivo de mortificación", aseguró Padilla de León.

En promotor del debate, el representante de Cambio Radical Juan Manuel Hernández, cada día cobra vigencia una hipótesis según la cual los jóvenes son víctimas de personas que les tienden una celada para cobrar recompensas al Ejército.

"Son muchachos de estratos uno y menos uno, los reclutan, se los llevan, los uniforman y los arman. Luego le avisan al Ejército y efectivamente mueren en combate, y luego cobran las recompensas", sostuvo el congresista al pedir que se revisen las normas sobre el pago de tales informaciones.

Hernández afirmó que, sin embargo, hay otras hipótesis. Entre ellas, que en efecto son usados para producir resultados bajo la figura de los 'falsos positivos'. Otra, que ha sostenido el gobierno, según las cuales los muertos efectivamente trabajaban para guerrilleros o paramilitares. Y una más, que son llevados bajo el esquema de 'mulas' del narcotráfico.