miércoles, 3 de septiembre de 2008

Análisis a los problemas de los desplazados

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La falta de planes de vivienda, legalización de predios, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, violación de menores, prostitución infantil, trata de personas, atención en salud, mejoramiento en educación, cultura y generación de empleo, fueron los temas que abordaron los participantes del primer encuentro sub regional de atención integral a población desplazada, realizado en la provincia de Ocaña.

Durante dos días (lunes y martes) los alcaldes de Ocaña, San Calixto, Convención, Teorama, Abrego, El Carmen, los secretarios de Educación, Vivienda, Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Fronteras y funcionarios de la OIM, Usaid, Acción Social, Sena, Incoder y Pades, se reunieron con los representantes de las comunidades desplazadas para priorizar sus principales necesidades.

Cada uno de los mandatarios de la provincia de Ocaña y funcionarios de la Gobernación del Departamento, presentaron sus propuestas y contrapropuestas que deberán ser incluidas en el documento final que debe presentar cada municipio y el departamento en cuanto al Plan Integral Único de Atención a Población Desplazada, que debe quedar finiquitado antes del 30 de septiembre del 2008.

Para el secretario de gobierno Octavio Martínez Acuña, este ejercicio fue muy positivo porque se pudo recoger una serie de insumos y conocer de primera mano, cual es el compromiso de los alcaldes en materia de recursos y proyectos a desarrollar en el presente cuatrienio conjuntamente con la administración departamental.

Martínez Acuña precisó que de esta manera se está cumpliendo con las políticas del gobernador William Villamizar Laguado y las disposiciones de Ley como la 1190, 387 y la sentencia T-025 de la Corte Constitucional.

Resaltó que en los últimos años Norte de Santander ha sido una de las regiones con mayor dinamismo en materia de desplazamiento tanto por expulsión como por recepción de compatriotas que llegan de diferentes partes del país y en donde muchas familias han sido desarraigadas de sus tierras, bienes y parientes. En este caso ocupan el primer lugar Cúcuta y la provincia de Ocaña, que son los focos en donde se han asentado el mayor número de personas.

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