El juez cuarto administrativo de Bogotá ordenó a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral anular las inscripciones de los candidatos inhabilitados por cuenta de condenas y fallos disciplinarios. Ante esta determinación serán la autoridades electorales las que tomen las medidas administrativas para que los inhabilitados no sean tenidos en cuenta por el electorado.
Esta determinación es una medida cautelar para defender la moralidad y el patrimonio económico de los colombianos.
Dice el juez del caso que no se puede engañar al elector ya que él obra de buena fe partiendo que su voto será eficaz, pero termina encontrando personas inhabilitadas para ejercer el cargo.
En el fallo se le ordena a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral informar sobre el cumplimiento del mismo.
En la determinación, el juez recrimina a la Procuraduría por no haber dado respuesta a los requerimientos hechos desde septiembre para certificar la información de los inhabilitados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario