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Parece mentira que en los tres meses que lleva el diferendo entre el Gobierno colombiano y los transportadores venezolanos por los peajes montados en nuestro lado de la frontera no se haya podido resolver un conflicto que está generando, por tercera vez en ese lapso, la parálisis del comercio binacional por los bloqueos de protesta en los puentes Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, que unen a Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira.
Desde su instalación el primero de julio, como resultado del contrato que el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) otorgó a la Concesionaria San Simón para construir unas obras viales en el área metropolitana de Cúcuta y financiarlas por ese medio, los peajes se convirtieron en una manzana de la discordia que, además de perjudicar el comercio bilateral, golpea al turismo y afecta a una fuerza laboral de 30 mil personas, que diariamente debe movilizarse desde Cúcuta a sus fuentes de trabajo en Venezuela. Todo porque el Ministerio de Transporte y el Inco, dependiente de ese despacho, no concertaron con el país vecino una decisión que impacta a la población de ambos lados de la frontera.
Hoy se cumplirán seis días de bloqueo, con pérdidas para el comercio cercanas a 50.000 millones de pesos y sin perspectivas de arreglo. Al contrario, con el riesgo de que los bloqueos se extiendan a otros dos pasos fronterizos (Paraguachón y Orope). Ya se han levantado voces para pedir que el tema sea llevado, como último recurso, a los presidentes Uribe y Chávez. Y, al paso que van las cosas, parece que esa será la única salida para un problema que nunca debió alcanzar semejante magnitud.
www.eltiempo.com Editorial 1/10/2007
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